Rusia aprueba nuevas leyes para encarcelar a las voces críticas, pero niega la existencia de presos políticos
El 30 de octubre, el mundo celebra el Día de conmemoración de las víctimas de la represión política todos los años desde 1974, cuando los presos políticos soviéticos organizaron de manera coordinada una huelga de hambre colectiva de un día para desafiar a sus carceleros y exigir el reconocimiento oficial de su condición de presos políticos. Hoy en día esta fecha representa una incómoda ironía en Rusia, donde se está encarcelando a ciudadanos por acusaciones que, según las organizaciones de derechos humanos, son falsas; sin embargo, las autoridades se niegan a reconocer que existan presos políticos. Memorial, una de las principales organizaciones que mantuvo vivo el recuerdo de la represión soviética y documentó los casos actuales, ha sido disuelta en Rusia y calificada de «extremista». Ahora continúa desarrollando sus actividades en el exilio.
Las organizaciones de defensa de los derechos humanos afirman que en Rusia podría haber alrededor de 11 000 presos políticos, mientras que los observadores independientes señalan que su número ha aumentado drásticamente desde la invasión a gran escala de Ucrania en 2022. El Kremlin lo niega y los tilda de delincuentes o incluso de terroristas. En cambio, utiliza con prodigalidad la expresión «preso político» en relación con Ucrania y recurre a la retórica del «y tú más» alegando que Kiev encarcela a personas por sus opiniones políticas o su postura prorrusa; tanto es así, que el defensor del pueblo ruso en materia de derechos humanos ha llegado incluso a pedir su liberación. Los medios de comunicación ucranianos consideran que esto forma parte de una campaña de manipulación de la información e injerencia por parte de agentes extranjeros (FIMI) del Kremlin cuyo fin es desprestigiar el sistema judicial de Ucrania y desviar la atención de los propios antecedentes de Rusia.
El Kremlin niega que haya presos políticos, pero acusa a Ucrania de tenerlos
El 30 de septiembre, cuando se preguntó al portavoz de Putin, Dmitri Peskov, sobre las informaciones según las cuales EE. UU. podría suavizar las sanciones a cambio de la liberación de presos políticos, este afirmó que Moscú niega «categóricamente» la existencia de presos políticos y señaló que plantear la cuestión en estos términos estaba «completamente injustificado». En cambio, Rusia habla de presos políticos únicamente en el contexto de la supuesta persecución por motivos políticos de ciudadanos en Ucrania.
Tatyana Moskalkova, defensora del pueblo de Rusia en materia de derechos humanos hasta mayo de 2026 (ahora sustituida por Yana Lantratova), arguyó que no reconoce la expresión «preso político» porque no está definida en la legislación rusa. Sin embargo, considera sin lugar a dudas que en Ucrania hay presos políticos rusos. En octubre de 2025, con ocasión de la liberación de un marino cautivo en Ucrania, Moskalkova declaró, según se afirma, a la agencia TASS que un número significativo de los rusos detenidos en Ucrania habían sido arrestados por meras formalidades o por cargos ficticios, a menudo simplemente por su nacionalidad o su postura prorrusa. Según el medio ucraniano RBC-Ucrania, Moskalkova manifestó a TASS que exigiría la «liberación» de 500 personas a las que «calificó de presos políticos».
El medio prorruso Vzglyad informó de que Volodímir Saldo, «gobernador» de la región de Jersón, controlada por Rusia, declaró a TASS que hay personas a las que Kiev acusa de apoyar a Rusia recluidas en centros penitenciarios del sur de Ucrania. «Se sabe que los presos acusados por el régimen neonazi de delitos políticos y de apoyar a Rusia se encuentran recluidos principalmente en prisiones de las regiones de Odesa y Nicolaiev».
Desmontando las afirmaciones rusas
Sin embargo, las afirmaciones sobre «presos políticos» y civiles encarcelados simplemente por «apoyar a Rusia» carecen de fundamento. Las autoridades ucranianas han encarcelado a civiles en virtud de una reforma legislativa aprobada en marzo de 2022 en el marco de la agresión militar rusa que castiga la colaboración con las fuerzas invasoras, lo que incluye delitos graves, como la traición o el sabotaje. Si bien podrían haberse producido errores y abusos, especialmente en el contexto de un conflicto en curso, esto dista mucho de afirmar que estas personas están encarceladas por albergar una opinión política concreta.
Ni las Naciones Unidas ni organizaciones de derechos humanos destacadas, como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, consideran a estas personas detenidas por las autoridades ucranianas como presos políticos.
Presos políticos en Rusia
Por el contrario, el número de presos políticos en Rusia se ha multiplicado considerablemente desde la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.
A fecha de octubre de 2026, el proyecto «Apoyo a los presos políticos», gestionado por Memorial, reconoce a 1825 personas como presos políticos. Según este informe, se encuentran recluidos en 336 centros repartidos por 78 regiones, incluida la Crimea anexionada, y se citan 78 presos políticos que han fallecido bajo custodia. Memorial clasifica a quienes reconoce como presos políticos en tres categorías: generales, antibélicos y religiosos, esta última dividida en Testigos de Jehová y miembros del Hizb ut-Tahrir o «Partido de la Liberación» islámico.
Mapa con la ubicación de los centros donde se encuentran recluidos los presos políticos (Memorial).
Memorial identifica a los presos políticos con arreglo a la definición de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, excluyendo a quienes hayan cometido actos de violencia no defensivos o hayan incitado a la violencia. La organización reconoce que sus cifras verificadas son demasiado bajas y estimó en 2025 que el total real, incluidos los prisioneros de guerra ucranianos y los rehenes civiles, rondaba probablemente los 10 000. La mayoría de los casos se derivan de leyes aprobadas en marzo de 2022, justo después de la invasión de Ucrania. Memorial informa de que la mayoría de los condenados lo fueron por difundir «información falsa a sabiendas » sobre las fuerzas armadas o por «desprestigiarlas». Otros cargos incluyen la cooperación en secreto con un Estado extranjero y la incitación a actividades contra la seguridad del Estado.
OVD Info, un proyecto mediático independiente dedicado a los derechos humanos, informa casi a diario de detenciones, despidos, interrogatorios, registros y arrestos por motivos políticos, y mantiene una base de datos de causas penales por motivos políticos. Citando al Relator Especial de la ONU, informa de que más de 2000 personas se enfrentan a persecución y detención políticas, de las cuales al menos 120 corren un riesgo grave debido a su edad o una enfermedad o discapacidad. Su propio seguimiento, más oficioso, situaba la cifra en más de 3000 a principios de 2025.
Presos políticos en Rusia: detenciones por presuntos delitos
Algunos de los presos políticos rusos son conocidos, pero ninguno lo ha sido más que Alekséi Navalni, cuyo caso atrajo la atención internacional. Sin embargo, la mayoría de los casos no suscitan esta atención. Memorial informa de que la mayoría de los presos políticos son condenados por difundir información falsa sobre las fuerzas armadas o por difamarlas. Muchos son personas corrientes que apenas son conocidas fuera de sus propios entornos.
Difusión de «bulos» y difamación de las fuerzas armadas
En marzo de 2022, los legisladores rusos aprobaron enmiendas al Código Penal que tipifican como delito la difusión de «información falsa a sabiendas», castigable con multas o penas de cárcel.
En abril de 2025, una peluquera de San Petersburgo fue condenada a cinco años y dos meses por difundir noticias falsas sobre las fuerzas armadas rusas. El opositor político Iliá Yashin fue condenado a ocho años y medio de prisión por hablar en su canal de YouTube sobre supuestos crímenes de guerra rusos en Bucha. Otro político opositor de un pueblo cercano a San Petersburgo, Dmitry Skurikhin, comenzó a exhibir consignas antigubernamentales en 2009; también se opuso a la anexión de Crimea y posteriormente expresó su apoyo a Navalni. En febrero de 2023, publicó una foto suya sosteniendo un cartel en el que pedía perdón a Ucrania. Fue detenido y posteriormente declarado culpable de difamar al ejército ruso y condenado a 18 meses en una colonia penitenciaria cercana a San Petersburgo. El 16 de noviembre de 2023, tras un juicio de un año de duración, Sasha Skochilenko, una artista musical de San Petersburgo fue condenada a siete años de prisión, acusada de «difusión pública de información falsa a sabiendas» sobre las fuerzas armadas rusas después de que el 31 de marzo de 2022 cambiara las etiquetas de precios de un supermercado por otras que contenían información sobre el bombardeo de la ciudad ucraniana de Mariúpol.
Terrorismo o implicación en una organización terrorista
El Kremlin recurre cada vez más a las acusaciones de terrorismo para calificar a los presos políticos y a las voces críticas con el régimen de delincuentes o terroristas y convertir el sistema de justicia penal en un arma para reprimir la disidencia. Los tribunales rusos han dictado largas penas de prisión en casos que van desde publicaciones en redes sociales hasta presuntos complots terroristas. Muchos de estos procesos se amparan en el artículo 205 del Código Penal ruso, en particular el segundo punto del artículo 205, que tipifica como delito las incitaciones públicas al terrorismo y se utiliza con frecuencia para perseguir la libre expresión en Internet. De este modo, las autoridades pretenden retratar la disidencia política como una amenaza para la seguridad y justificar la represión bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo.
Acusado de incitar al terrorismo y al extremismo con sus publicaciones en Internet, incluidas algunas en las que aprobaba las ofensivas ucranianas, Iván Pilov, de 31 años y natural de San Petersburgo, fue detenido en septiembre de 2025. El 3 de febrero de 2026, el tribunal lo condenó a seis años en una colonia penitenciaria de régimen general. Acusado de pertenecer a la organización terrorista «La Red», Dmitrii Pchelintsev fue condenado a 18 años en un proceso en el que también estaban implicados otros diez acusados. Los investigadores afirman que el grupo planeaba derrocar el orden constitucional, pero sus partidarios insisten en que nunca existió y que el caso constituye una persecución contra los anarquistas. En noviembre de 2023, un tribunal de Moscú condenó a Aleksandr Strukov, fotógrafo del equipo de Navalni en 2018, a ocho años de prisión. Fue declarado culpable de hacer llamamientos públicos al terrorismo, incitar al odio y violar el derecho de los ciudadanos a la libertad de conciencia y de religión. Los cargos tuvieron su origen en unas publicaciones en Telegram en las que criticaba al presidente Putin y a su Gobierno. Acusado de dirigir una «organización indeseable», el exdirector de Open Russia, Andréi Pivovarov, fue condenado a cuatro años de prisión por un tribunal de Krasnodar el 15 de julio de 2022. Amnistía Internacional afirmó que no había cometido ningún delito reconocido internacionalmente y que fue encarcelado por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y de asociación.
La acusación penal como arma de represión política
También se han formulan acusaciones penales contra disidentes políticos recurriendo a lo que los defensores de los derechos humanos califican de kompromat («material comprometedor») motivado políticamente.
El historiador Yury Dmitriev, director de la delegación de Memorial en Carelia, fue condenado a 15 años de prisión en diciembre de 2021 por cargos que incluían la producción de pornografía infantil y agresión sexual a un menor. Dmitriev negó las acusaciones, que las organizaciones de derechos humanos han calificado de fraudulentas y motivadas políticamente. A sus 70 años se encuentra recluido en una colonia penitenciaria de régimen estricto en Mordovia. Trabajó durante 30 años en la localización de fosas comunes y la identificación de los autores de los crímenes de la era de Stalin.
El Kremlin niega que haya presos políticos en Rusia, al tiempo que acusa a Ucrania de encarcelar a ciudadanos por hablar ruso o simpatizar con Rusia. Se trata de una descarada adulteración de los hechos que encubre la encarcelación de miles de personas por el mero hecho de ejercer sus derechos fundamentales y cuyas historias el Kremlin está decidido a enterrar.
