En agosto de 2020, la población de Bielorrusia se echó a las calles para manifestarse contra los resultados de unas fraudulentas elecciones presidenciales. Las protestas pronto se convirtieron en las mayores de la historia del país y acabaron siendo reprimidas con violencia, contándose por decenas de miles las personas detenidas, agredidas y procesadas. En la actualidad siguen existiendo amplias campañas de desinformación que posibilitan y acompañan a la brutalidad del régimen de Alexandr Lukashenko contra su propia ciudadanía, los medios independientes y la sociedad civil.
Los medios de comunicación bielorrusos controlados por el Estado han sido cómplices de la brutal represión de la disidencia en el país. Las «confesiones» forzosas y televisadas de presos políticos son tan solo uno de los muchos ejemplos que ilustran que los medios de comunicación controlados por el Estado se han convertido en una extensión del aparato represivo estatal bielorruso. Hemos observado asimismo que los medios bielorrusos controlados por el Estado ayudaron a los funcionarios bielorrusos a utilizar como arma la migración a la UE. Además, el régimen de Lukashenko y su aparato mediático han desempeñado un papel fundamental en el apoyo a la invasión rusa a gran escala de Ucrania. Las autoridades bielorrusas han ejercido su represión también en las redes sociales, llegando, por ejemplo, a calificar a muchos canales conocidos e independientes de Telegram como «material extremista».