La FIMI y la desinformación como amenazas globales
Varias evaluaciones recientes de riesgos globales coinciden en un mensaje claro: la manipulación de información e injerencia por parte de agentes extranjeros (FIMI), la desinformación y la información errónea se han convertido en una amenaza sistémica para las democracias de todo el mundo. Ya no es cuestión de simples fake news, sino de un riesgo estructural que socava las condiciones que hacen posible el crecimiento económico, el bienestar social y las instituciones liberales.
Otro mensaje claro que se desprende de estos informes es la importancia de contar con un ecosistema mediático sólido y consagrado al interés público como escudo contra la manipulación de la información.
Cómo la manipulación de la información erosiona la resiliencia global
En el Informe de riesgos globales 2026 del Foro Económico Mundial (FEM) se considera que la desinformación y la información errónea representan el segundo riesgo mundial más importante a corto plazo, ligeramente por debajo del primer lugar que ocupaban en 2025. También se advierte de que la desinformación, la información errónea y otros riesgos tecnológicos pueden agravar las divisiones políticas, culturales o identitarias en el seno de las sociedades al corromper el discurso público y debilitar la respuesta a las crisis. A su vez, estas maniobras «agudizan los riesgos que conlleva una mayor desconfianza digital y la dilución de la toma de decisiones socioambientales ambiciosas ante prioridades que cambian a corto plazo y discursos de cariz cada vez más nacionalista».
En el Informe de riesgos globales de las Naciones Unidas se subraya que el desorden informativo es un «multiplicador de riesgos» que exacerba otras amenazas mundiales, como los conflictos, las pandemias y el cambio climático, al sabotear la base empírica compartida necesaria para la toma de decisiones colectivas y la respuesta coordinada.
En una reciente exposición presentada ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) se aludió a la desinformación como un riesgo sistémico para un amplio conjunto de derechos humanos. En ella se constata que las campañas de FIMI se dirigen cada vez más a las comunidades marginadas, los defensores de los derechos humanos y los medios de comunicación independientes en un contexto de reducción del espacio cívico y pérdida de confianza en las instituciones.
Además, en el tercer informe sobre la amenaza de la FIMI elaborado por el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), publicado el pasado mes de marzo, se señalaba que la FIMI tuvo como destino 90 países diferentes en 2024. Si bien Ucrania fue la principal víctima, las campañas de FIMI también tuvieron como blanco a Francia, Alemania, Moldavia, el África subsahariana y muchos otros países. Esta conclusión confirma el carácter mundial de esta amenaza.
En su conjunto, estos informes describen a la FIMI, la desinformación y la información errónea no solo como retos en materia de comunicación, sino como riesgos mundiales integrados que rivalizan con otras amenazas tradicionales a la seguridad y la economía.
Perjuicio económico y erosión de la prosperidad
Aunque la FIMI, la desinformación y la información errónea suelen mencionarse en el ámbito político, un informe reciente titulado «The Economic Imperative of Investing in Public Interest Media» («El imperativo económico de invertir en medios de comunicación orientados al interés público»), elaborado por el Foro sobre Información y Democracia (FID), señala que la FIMI y la desinformación también acarrean un elevado coste económico.
En el informe se describe la información precisa y fiable como una forma de infraestructura económica: al igual que las carreteras y las redes eléctricas hacen posible el comercio y la producción, las noticias y los datos de calidad permiten a los hogares, las empresas y los gobiernos tomar decisiones conscientes, asignar recursos de manera eficiente y gestionar los riesgos. Cuando esta infraestructura informativa resulta contaminada por la desinformación, el funcionamiento de los mercados comienza a deteriorarse.
Asimismo, en el informe se exponen diversos mecanismos a través de los cuales la FIMI y la desinformación socavan los resultados económicos. Los discursos engañosos sobre la inflación, los impuestos, la deuda pública o la política monetaria pueden desestabilizar las expectativas, fomentar el comportamiento especulativo y reducir la confianza en la gobernanza económica, lo que aumenta los costes de financiación y desalienta la inversión a largo plazo.
En los mercados financieros, las campañas de desinformación dirigidas a empresas, tecnologías o sectores específicos pueden distorsionar los precios de los activos y obstaculizar la innovación, sobre todo en campos especialmente técnicos donde la comprensión de la mayoría de los ciudadanos depende en gran medida de intermediarios.
En el plano macroeconómico, la difusión de desinformación económica populista que promete políticas fiscales insostenibles o vilipendia las reformas necesarias puede dar lugar a cambios repentinos de políticas y a un estancamiento institucional, lo que erosiona aún más el crecimiento y la productividad.
También se destaca que unos medios de comunicación afianzados y orientados al interés público contribuyen a contrarrestar esta dinámica al reducir la asimetría en la información, arrojar luz sobre la corrupción y el despilfarro y ofrecer un foro público en el que se puedan debatir los compromisos económicos. Invertir en información fiable no solo supone un bien público, sino que es una necesidad económica, y las sociedades que permiten que la FIMI y la desinformación se apoderen de su espacio informativo corren el riesgo de destruir su misma prosperidad.
Asedio a la democracia, la paz y los derechos humanos
El impacto de la FIMI y la desinformación sobre la democracia se detalla tanto en la evaluación de riesgos del FEM como en el análisis del CDH. En el informe del FEM se señala que, a medida que la polarización social aumenta a nivel mundial al unísono con el auge de la desinformación y la información errónea, «las reacciones de algunos gobiernos apuntan hacia regímenes más autoritarios» a medida que se deteriora el estado de derecho. El análisis referente a los derechos humanos muestra cómo, a su vez, estas dinámicas se traducen en violaciones concretas de estos. La desinformación puede desalentar la participación en las elecciones o en el debate público al dirigirse a grupos concretos con argumentos según los cuales su voto no importa o que su participación política les perjudicará.
La FIMI relacionada con los conflictos a menudo deshumaniza a las minorías o a los opositores políticos incitando al odio y la violencia y socavando el derecho a la vida, la seguridad y la igualdad jurídica. En contextos frágiles, este discurso puede obstaculizar la negociación de un armisticio, intentar justificar atrocidades y dificultar el acceso a la ayuda humanitaria al retratar a los trabajadores humanitarios o a las fuerzas de paz como agentes hostiles.
Este menoscabo de la democracia y los derechos humanos se suma al panorama de riesgos más amplio que se describe en el Informe de riesgos globales de las Naciones Unidas, donde se señala que las sociedades marcadas por la polarización y la desconfianza institucional tienen menos capacidad para gestionar otras amenazas sistémicas que van desde pandemias hasta crisis económicas. Por lo tanto, la FIMI y la desinformación constituyen tanto un ataque directo a las normas democráticas como un factor que facilita y acelera de manera indirecta la inestabilidad en general.
Cambio climático, desarrollo sostenible e integridad de la información
En un documento de las Naciones Unidas sobre la integridad de la información y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se expone sin lugar a dudas que la desinformación también amenaza los avances en materia de acción climática y desarrollo sostenible. Se describe cómo las campañas organizadas de desinformación relacionadas con el clima siembran dudas sobre el consenso científico, exageran los costes económicos de la mitigación y la adaptación o promueven soluciones falsas, lo que debilita el apoyo público a las políticas requeridas.
En algunos casos, agentes extranjeros o nacionales con intereses creados en los combustibles fósiles aprovechan la FIMI para retrasar la regulación o la inversión en energías renovables.
En el análisis del Consejo de Derechos Humanos respalda estos hechos esto al vincular la desinformación relacionada con el clima con el derecho humano emergente a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Cuando se engaña sistemáticamente a los ciudadanos sobre los riesgos medioambientales y las opciones políticas, estos no pueden participar de forma eficaz en la toma de decisiones medioambientales, y los gobiernos pueden llegar a incumplir su obligación de proteger a la población frente a desastres previsibles.
La misma lógica se aplica de manera más amplia a los ODS. Los avances en materia de salud, educación o igualdad de género dependen de un flujo de información fiable que la FIMI busca corromper de manera deliberada.
La información fiable y los medios de comunicación orientados al interés público como escudo
En este contexto, unos medios de comunicación fuertes y orientados al interés público fuertes se perfilan como defensas fundamentales de la resiliencia económica y democrática.
En el informe «Economic Imperative» antes mencionado se sostiene que un periodismo independiente y fidedigno mejora el funcionamiento de los mercados, refuerza la rendición de cuentas y alienta el crecimiento inclusivo al garantizar que los ciudadanos y los responsables políticos compartan una base empírica común.
En dicho informe también se constata que contar con medios de comunicación orientados al interés público puede aumentar la eficiencia del gobierno, reducir la corrupción y mejorar los resultados sociales, en particular cuando cubren en profundidad ámbitos políticos complejos, como la salud o la educación.
El apoyo a unos medios de comunicación independientes, la alfabetización mediática y la transparencia de las plataformas digitales son fundamentales para la resiliencia democrática. La integridad de la información es un bien público que debe protegerse sin ambages mediante medidas reguladoras e inversiones en lugar de dejarse en manos de las fuerzas del mercado.
En la práctica, esto supone construir ecosistemas de información resilientes en los que los medios de comunicación creíbles se sustenten sobre modelos de negocio sostenibles, la opinión pública tenga la preparación necesaria para desenvolverse en entornos mediáticos complejos y las normas de gobernanza de las plataformas desalienten la propagación de contenidos engañosos. Todas estas medidas son fundamentales para la estabilidad de las instituciones democráticas y los resultados económicos.
El Escudo de la Democracia y la defensa de la integridad de la información
Un número cada vez mayor de iniciativas políticas tratan de traducir estas ideas en mecanismos de protección concretos contra la amenaza de la desinformación.
El propósito del emblemático Escudo Europeo de la Democracia, desarrollado conjuntamente por la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior, es reforzar la integridad del espacio informativo en torno a las elecciones y otros procesos democráticos. En su dimensión externa, el Escudo tiene por objeto contrarrestar la FIMI y la desinformación y fomentar la fortaleza y la resiliencia de las democracias en el plano mundial mediante la cooperación con socios internacionales y la intensificación de los esfuerzos destinados a detectar y responder a la amenaza de la FIMI. También prevé el apoyo estructural al periodismo independiente, la verificación de datos y la educación cívica para potenciar la resiliencia democrática.
Al tratar explícitamente la integridad de la información como un pilar elemental de la seguridad democrática, el Escudo Europeo de la Democracia encarna las lecciones extraídas de los informes mencionados anteriormente, según las cuales la FIMI y la desinformación representan amenazas mundiales y multidimensionales cuyos costes económicos y políticos son significativos, y que la respuesta más eficaz no solo reside en adoptar medidas contra los contenidos maliciosos, sino también en invertir en información fiable y medios de comunicación orientados al interés público.
Con ello, se ofrece un modelo que refleja cómo las democracias pueden pasar de reaccionar de manera restringida a una defensa de carácter más estratégico y basada en los derechos humanos de los entornos informativos de los que dependen su prosperidad y legitimidad.
