El control informativo de Rusia sobre los territorios ocupados de Ucrania

Desde la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia en 2014 y el estallido de las hostilidades en las regiones de Donetsk y Lugansk, los residentes de los territorios temporalmente ocupados (TTO) de Ucrania se han encontrado frente a un sistema de control de la información cada vez más estricto. Este proceso se aceleró drásticamente tras la invasión rusa a gran escala de febrero de 2022.

En la actualidad, se estima que entre 5 y 6 millones de personas que viven bajo la ocupación se encuentran en una prolongada situación de limbo informativo. Están aisladas de los medios de comunicación ucranianos, expuestas a una propaganda rusa incesante, sometidas a cortes de Internet y prohibiciones de usar aplicaciones de mensajería social, y temen cada vez más comunicarse incluso con sus familiares cercanos. En muchas zonas, el acceso a Internet es inestable o está condicionado, incluso cuando se usa una VPN.

Este limbo informativo no es accidental, sino que es el resultado de una política rusa deliberada destinada a aislar a los residentes de los TTO, remodelar la identidad ucraniana, reprimir la disidencia y ocultar la realidad a los observadores externos. Comprender cómo funciona este sistema, así como sus efectos sociales y psicológicos, es esencial no solo para Ucrania, sino también para los responsables políticos occidentales que tratan de entender cómo funciona la ocupación moderna en la era digital.

Sustitución de los medios de comunicación y coacción tecnológica

«Sucedió en 2018 o 2019. Visité a mis padres en Crimea e intenté ver las noticias de Ucrania. Me sorprendió descubrir que los medios de comunicación que acostumbraba a leer estaban bloqueados», me contó Kateryna, de 35 años, de Kerch. Para las personas que viven en los territorios temporalmente ocupados, el acceso a la información que no sea de producción local se ha convertido en un lujo más que en un derecho.

Una de las primeras medidas que tomaron las autoridades de ocupación rusas tras apoderarse del territorio ucraniano fue la eliminación sistemática de los medios de comunicación ucranianos. Los canales de televisión, las emisoras de radio, los periódicos y los medios de comunicación en línea fueron cerrados, confiscados u obligados a registrarse de nuevo con arreglo a la legislación rusa. En su lugar, se instalaron medios de comunicación controlados por el Estado ruso o gestionados por las autoridades de ocupación para crear la apariencia de un entorno mediático local funcional al tiempo que se eliminaba el pluralismo.

Este proceso comenzó en Crimea y en las zonas ocupadas de Donetsk y Lugansk en los años 2014 y 2015, pero se amplió significativamente tras la invasión a gran escala de 2022 para abarcar las zonas ocupadas de las regiones de Zaporiyia y Jersón. Durante los primeros 1000 días de la guerra a gran escala, al menos 329 medios de comunicación ucranianos se vieron obligados a cesar sus actividades, principalmente debido a la ocupación y una asfixiante presión financiera.

La investigación realizada por Detector Media en colaboración con el Centro para la Resiliencia de la Información demuestra que la sustitución de los medios de comunicación estuvo estrechamente relacionada con la rápida «rusificación» de la infraestructura de telecomunicaciones. El control sobre los contenidos se reforzó mediante el control de los canales técnicos a través de los cuales circula la información.

Según el informe, a finales de mayo de 2022, las zonas ocupadas de las regiones de Jersón y Zaporiyia comenzaron a utilizar los códigos telefónicos nacionales de Rusia y las tarjetas SIM emitidas por las operadoras móviles rusas. Esta transición fue técnicamente posible gracias al redireccionamiento de la infraestructura desde la Crimea ocupada. En diciembre de 2023, el Ministerio de Desarrollo Digital de Rusia anunció sus planes para implantar comunicaciones móviles con el estándar LTE en las autoproclamadas «República Popular de Donetsk» (RPD) y «República Popular de Lugansk» (RPL) y las zonas ocupadas de las regiones de Zaporiyia y Jersón. En la actualidad, los servicios de telecomunicaciones en los territorios ocupados están dominados por operadoras controladas por Rusia.

La investigación también documenta cómo, en 2023, el acceso a Internet en los territorios ocupados quedó, de facto, centralizado. Miranda-Media se convirtió en el proveedor predominante de comunicaciones móviles, Internet de banda ancha y otros servicios digitales en las regiones de Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón. Esta monopolización permitió a las autoridades ocupantes filtrar el tráfico, bloquear sitios web e interrumpir la conectividad con una resistencia mínima.

La sustitución de los medios de comunicación se reforzó mediante incentivos tecnológicos coercitivos. Se expulsó a las operadoras móviles ucranianas y se eliminó físicamente el acceso a las emisiones ucranianas. Un plan de supuesto «intercambio beneficioso» distribuyó equipos satelitales que solo transmitían canales rusos como parte del paquete Russkiy Mir [Mundo Ruso].

Las autoridades rusas restringieron sistemáticamente el acceso a las plataformas digitales. Según el informe de OPORA, Facebook e Instagram fueron bloqueados en los territorios controlados por las autoproclamadas RPD y RPL el 11 de mayo de 2022. El 3 de junio, las autoridades ocupantes prohibieron Viber alegando que era utilizado por las Fuerzas Armadas de Ucrania para recopilar datos de geolocalización. El 22 de julio, las restricciones se ampliaron a los servicios de Google y YouTube.

Aunque los habitantes de las regiones de Donetsk y Lugansk llevan años sufriendo interrupciones en las aplicaciones de mensajería, Crimea y las partes ocupadas de las regiones de Jersón y Zaporiyia comenzaron a experimentar problemas de conectividad generalizados y sostenidos en agosto y septiembre de 2025. Desde entonces, Telegram, WhatsApp e Instagram funcionan de forma intermitente o han dejado de funcionar por completo, incluso cuando los usuarios intentan acceder a ellos a través de VPN.

Moscú está derivando a la población hacia aplicaciones de mensajería de creación rusa totalmente controladas por el Estado. Una de estas aplicaciones, Max, se promociona como sustituta de todas las demás plataformas y, según se informa, alcanzó los 75 millones de usuarios en seis meses. Al recopilar una gran cantidad de datos de los usuarios, hace posible la vigilancia y la difusión de propaganda estatal. Junto con la ampliación de los sistemas de circuitos cerrados de televisión y la verificación biométrica de las tarjetas SIM, estas herramientas estrechan el control sobre la vida cotidiana y restringen la capacidad de la gente para comunicarse con libertad.

Estas medidas reflejan que la sustitución de los medios de comunicación y la coacción tecnológica funcionan como parte de un mismo sistema.

El control sobre los contenidos no puede separarse del control sobre la conectividad. La ocupación se mantiene no solo a través de la presencia física, sino también a través de la capacidad de decidir lo que la gente puede ver, oír y compartir.

Supresión de la información y propaganda

Los periodistas ucranianos son un objetivo para las fuerzas rusas, que mantienen listas de personas a las que pretenden detener para interrumpir la cobertura local e internacional de la guerra y la ocupación. A pesar de que muchos periodistas ucranianos dejaron de trabajar tras la invasión a gran escala, las detenciones, la intimidación y las campañas de desprestigio han continuado. Otros han sido coaccionados para cooperar o sustituidos por periodistas «leales», al tiempo que se crean nuevos medios de comunicación que imitan las «voces locales» y que repiten al pie de la letra el discurso del Kremlin.

La sustitución de los medios de comunicación se lleva a cabo tanto de forma estructural (mediante bloqueos, confiscaciones y la solicitud forzada de un nuevo registro con arreglo a las leyes y reglamentos rusos) como simbólica, bajo la apariencia del periodismo local habitual.

Inmediatamente después de la invasión a gran escala de febrero de 2022, Rusia amplió su campaña de propaganda a través de las cadenas de televisión y los medios impresos ucranianos confiscados, pero su principal foco operativo se desplazó rápidamente a las plataformas digitales, y en particular Telegram. Producir programas de televisión y periódicos en las zonas ocupadas es caro y logísticamente complejo, mientras que Telegram ofrece una alternativa mucho más barata, rápida y escalable.

Desde febrero de 2022, han aparecido casi a diario nuevos canales de Telegram dirigidos a los territorios ocupados, lo que representa un fuerte aumento en comparación con años anteriores. Este auge ha dado lugar a un denso ecosistema de cientos de canales vinculados a ciudades y regiones específicas. Su contenido es repetitivo y deliberadamente banal (información sobre los mercados, obras en las carreteras, vivienda y servicios públicos) y está diseñado para proyectar una imagen de «vida normal» bajo el control ruso. Como se señala en el análisis de CEPA, estos canales suelen atraer a una audiencia local genuina reducida, pero cumplen una función simbólica al demostrar a los supervisores de Moscú que se está llevando a cabo una «labor informativa».

Al mismo tiempo, Rusia ha tenido dificultades para establecer personal mediático local creíble. En Jersón, Mariúpol y Melitópol, las fuerzas de ocupación reconvirtieron la infraestructura mediática ucraniana incautada en medios de propaganda, entre ellos Tavria TV, Za!TV y Mariupol 24. La negativa generalizada de los periodistas locales a colaborar obligó a importar profesionales mediáticos de Rusia y de las autoproclamadas RPD y LPD.

Para compensar esta escasez de personal, figuras respaldadas por Moscú han fundado escuelas de medios de comunicación en los territorios ocupados donde se lava el cerebro a adolescentes y jóvenes adultos, a menudo vinculados a movimientos juveniles promilitares como Yunarmiya o Movement of the First, para producir contenidos propagandísticos. Estas escuelas funcionan como fábricas de personal a largo plazo al que inculcan habilidades propagandísticas y lealtad desde una edad temprana. Los incentivos económicos destinados a los especialistas de Rusia han sido considerables. Según Reporteros sin Fronteras, una empresa de selección de personal con sede en San Petersburgo ofrecía a los periodistas salarios de al menos 200 000 rublos (2300 euros) al mes, más gastos de manutención, mientras que a los becarios se les ofrecían alrededor de 150 000 rublos (1700 euros). Aunque no está claro a qué medios concretos correspondían estas ofertas, las cifras ilustran los salarios inusualmente altos de los canales propagandísticos de reciente creación.

A pesar de la especial atención que reciben las herramientas digitales, los medios de comunicación tradicionales suelen ejercer una influencia más profunda y duradera. Las emisiones de televisión rusas y los periódicos gratuitos, como Naddniprovskaya Pravda, han demostrado ser especialmente eficaces entre las personas de edad avanzada, que tienden a confiar en los formatos que les son familiares.

En general, la estrategia de Rusia tiene varios niveles: los medios digitales proporcionan rapidez, alcance y visibilidad; los medios tradicionales ofrecen influencia a largo plazo, y la represión bloquea por completo las fuentes de información alternativas.

El lenguaje como herramienta de control

La política lingüística se ha convertido en una herramienta clave de control en los territorios ocupados de Ucrania. Restringir el uso del ucraniano en la educación, los servicios públicos y los medios de comunicación, al tiempo que se impone el ruso como lengua dominante, no es un acto meramente simbólico, sino que reforma la identidad, afecta al acceso a las oportunidades e impide la transmisión de la memoria cultural.

Este proceso comenzó en el período 2014-2015 en Crimea y en partes de las regiones de Donetsk y Lugansk. Las escuelas en lengua ucraniana se convirtieron al ruso, se eliminaron las clases de ucraniano y se redujeron las horas lectivas. Se presionó a los padres para que firmaran declaraciones en las que afirmaban que habían elegido «voluntariamente» la educación en lengua rusa. Aquellos que se resistieron recibieron amenazas contra sus hijos.

En 2018, ya no quedaba ninguna escuela en lengua ucraniana en Crimea. Tras la invasión a gran escala, estas prácticas se extendieron a las regiones recién ocupadas. A partir de septiembre de 2023, el ucraniano dejó de ser obligatorio en las ocupadas Jersón y Zaporiyia. Aunque se presentó como una «opción», se llevó a cabo bajo vigilancia y coacción. Según Human Rights Watch, los padres que intentaron impartir educación a distancia utilizando el plan de estudios ucraniano fueron sancionados con multas, detenciones o incluso la pérdida de la custodia. Los profesores ucranianos fueron detenidos, golpeados o torturados por negarse a cooperar. En este contexto, la política lingüística se aplica no solo mediante medidas administrativas, sino también mediante la violencia. En 2025, Rusia eliminó oficialmente la lengua y la literatura ucranianas de su plan de estudios federal. La directiva emitida el 1 de septiembre de 2025, que prohibía la enseñanza en lengua ucraniana en todas las escuelas ocupadas, completó la política de borrado del ucraniano del sistema educativo.

En otros ámbitos aparte del educativo, el ucraniano ha sido eliminado por completo de la comunicación pública. La información oficial, las emisiones y los documentos administrativos se publican exclusivamente en ruso. El mismo patrón se aplica a la infraestructura cultural. En 2023, las autoridades ocupantes habían confiscado casi todos los libros de autores ucranianos de las bibliotecas de las zonas ocupadas de las regiones de Donetsk y Lugansk. Durante otra purga coordinada de bibliotecas en la región ocupada de Jersón en 2025, las fuerzas rusas confiscaron todos los libros en lengua ucraniana que quedaban. Según se informa, los funcionarios describieron las bibliotecas como «limpias», lo que significa que solo quedaba literatura soviética y rusa en las estanterías.

Estas medidas demuestran que el idioma se está utilizando deliberadamente como herramienta de control con el objetivo de remodelar la identidad, restringir la transmisión de la cultura ucraniana entre generaciones y normalizar la vida en el marco del espacio informativo e ideológico ruso. Al eliminar el ucraniano de las escuelas, los medios de comunicación y las bibliotecas, las autoridades ocupantes no solo están reprimiendo la disidencia, sino también borrando la identidad ucraniana de las personas que viven en los territorios temporalmente ocupados.

Detenciones, presión psicológica y autocensura

Además de los controles técnicos y la censura oficial, el miedo se ha convertido en una de las herramientas más eficaces de la ocupación. Las detenciones, los interrogatorios y la intimidación, a veces por algo tan insignificante como un comentario o un mensaje privado en Telegram, han generado un clima de vulnerabilidad constante.

En Crimea, las fuerzas rusas gestionan un canal de Telegram conocido como «Crimean Smersh», donde se identifica públicamente a personas con opiniones proucranianas y se las obliga a grabar sus disculpas. Estas prácticas no solo sirven para castigar, sino también para intimidar a otras personas.

Esta presión modifica el comportamiento cotidiano. Según el análisis de CEPA y entrevistas realizadas a los ciudadanos, muchas personas evitan las conversaciones de carácter político, incluso con familiares cercanos, en la Ucrania controlada por el Gobierno. Algunos dejan deliberadamente de hablar ucraniano en las llamadas telefónicas, conscientes de que incluso el mismo idioma puede interpretarse como disidencia política. Una mujer de la región de Jersón contó al autor que sus familiares le pidieron que retirara una bandera ucraniana durante una videollamada por temor a que alguien la viera y los denunciara. Este tipo de intimidación se ha convertido en algo habitual. La vida en las zonas ocupadas de Ucrania se asemeja cada vez más a un mundo oculto tras un telón negro donde cualquier sospecha puede llevar a la detención o la cárcel.

Las detenciones por actividades en línea son especialmente eficaces porque son impredecibles. La gente puede ser objeto de persecución no solo por lo que publica, sino también por lo que lee, como cuando se suscriben a canales ucranianos de Telegram. La autocensura se convierte en algo habitual.

Los civiles con pasaporte ucraniano siguen siendo procesados por supuestos «delitos de espionaje». En un caso reciente, Volodímir Yatsun, de 50 años, residente en la ciudad ocupada de Berdiansk, en la región de Zaporiyia, fue condenado a 12 años en una colonia penal por presuntos delitos de espionaje. Según el Grupo de Derechos Humanos de Crimea, al menos 148 ciudadanos ucranianos se han visto inculpados como, según se afirma, «saboteadores y espías», incluidas personas secuestradas en las regiones ocupadas de Zaporiyia y Jersón, y trasladadas a centros de detención en Crimea.

El miedo también se extiende a las familias de los detenidos y desaparecidos. Muchas personas se niegan a ponerse en contacto con las autoridades ucranianas, ya que creen que incluso una solicitud al defensor del pueblo ucraniano podría dar lugar a represalias. Las autoridades ocupantes suelen utilizar este tipo de apelaciones como motivo para la detención o la acusación de espionaje.

La falta de un proceso claro para la liberación de los civiles cautivos agrava esta ansiedad. Los intercambios de prisioneros se extienden principalmente al personal militar, mientras que los civiles se encuentran en un limbo legal. Según la Inteligencia de Defensa de Ucrania, en mayo de 2024 se confirmó que al menos 1690 civiles se encontraban cautivos en Rusia, mientras que alrededor de 14 000 civiles figuran oficialmente como desaparecidos. Las autoridades rusas suelen negar que tengan civiles en su poder ni que oculten deliberadamente su situación.

Al convertir el miedo en un elemento cotidiano, las autoridades ocupantes reprimen la disidencia, debilitan los lazos sociales y obligan a la población a encerrarse en sí misma al priorizar la supervivencia sobre la expresión.

La resistencia silenciosa y los límites del control

A pesar de la represión, la resistencia persiste. Según un informe del CSIS, adopta muchas formas, que van desde actos silenciosos y privados hasta acciones violentas encubiertas y de alto riesgo. Las formas más extendidas son privadas y no violentas, como acceder a educación en ucraniano en línea, leer canales de Telegram ucranianos o hablar ucraniano en casa, todo lo cual mantiene viva la identidad y minimiza el peligro. También existen formas de resistencia más visibles o violentas, pero conllevan riesgos mucho mayores. Las formas de resistencia más importantes desde el punto de vista estratégico se han desplazado hacia actividades privadas y violentas, en particular la recopilación y transmisión de inteligencia humana (HUMINT) que permite realizar ataques precisos y sabotajes y obstaculizar la vertiente logística de la ocupación.

A pesar de las trabas, la población sigue utilizando VPN y se mantiene en contacto con la parte de Ucrania que no ha sido ocupada. Los periodistas en el exilio siguen llegando a su público a través de plataformas como TikTok, de propiedad china. El caso de Realna Gazeta, un medio de comunicación con sede en Lugansk que opera en el exilio, demuestra que aún es posible llegar al público de los territorios ocupados.

Al mismo tiempo, existen esfuerzos estructurados para contrarrestar el aislamiento. «You Are in Ukraine», una plataforma destinada a los ucranianos que viven en los territorios ocupados y lanzada desde la Ucrania controlada por el Gobierno en octubre de 2024, proporciona VPN seguras, orientación en materia de seguridad, recursos para la resistencia y cursos de lengua ucraniana. En 2025, más de 2000 usuarios, principalmente de Crimea, se habían conectado a la plataforma y más de 250 estaban estudiando ucraniano.

El idioma y la educación siguen siendo elementos clave para la resistencia. Hay padres que siguen organizando clases de ucraniano en línea para sus hijos a pesar de los riesgos. En 2024, aproximadamente 44 000 niños de los territorios ocupados seguían matriculados en escuelas ucranianas a distancia, y un número cada vez mayor optó posteriormente por estudiar en universidades ucranianas tras soportar los denominados «procedimientos de filtración», un sistema de controles de seguridad coercitivos e interrogatorios por parte de las fuerzas de ocupación. Según Mariia Sulialina, directora de la organización de derechos humanos Almenda, el número de solicitantes procedentes de los territorios ocupados aumentó de 6463 en 2023 a 11 900 en 2024.

El regreso de los jóvenes a la Ucrania controlada por el Gobierno subraya aún más los límites de los esfuerzos de Rusia por moldear la identidad. Tras años de aislamiento, represión y propaganda, muchos adolescentes deciden activamente abandonar la ocupación. Uno de estos casos es el de Polina, de 20 años, que huyó de Crimea tras 12 años de ocupación atravesando tres países con solo un pasaporte ruso caducado y un certificado de nacimiento ucraniano. Tras solicitar asilo en Kazajistán y colaborar con el consulado ucraniano y voluntarios, finalmente llegó a Kiev.

Estas decisiones demuestran que, a pesar de la presión constante, la ocupación rusa no ha logrado borrar la identidad ucraniana.

Por qué esto es importante fuera de Ucrania

El bloqueo informativo en los TTO tiene consecuencias que van mucho más allá de la propia Ucrania. Distorsiona sistemáticamente la percepción occidental de la vida bajo la ocupación y permite a Rusia proyectar una imagen artificial de estabilidad o incluso de consentimiento. En ausencia de un acceso independiente, el silencio se interpreta a menudo erróneamente como aquiescencia. Esta percepción equivocada corre el riesgo de filtrarse en los relatos de los medios de comunicación y en los debates políticos, dando lugar a decisiones basadas en supuestos incompletos o engañosos.

Los habitantes de los TTO viven sometidos a condiciones de intensa vigilancia, intimidación y castigos, ya que expresar su desacuerdo (o incluso acceder a información ucraniana) puede llevar a la detención. El miedo, el aislamiento y el control de la información distorsionan fundamentalmente cualquier indicio externo de opinión pública. Si no reconocen estas limitaciones, los observadores occidentales corren el riesgo de confundir la coacción con el consentimiento.

La magnitud de la ingeniería demográfica rusa complica aún más la evaluación. Aunque Rusia ha reubicado a sus propios ciudadanos en los territorios ocupados, las cifras son difíciles de verificar. Por lo tanto, cualquier afirmación sobre el cambio demográfico o la «integración» se basa en suposiciones más que en pruebas, lo que constituye otro efecto del limbo informativo impuesto.

Comprender cómo funciona la ocupación moderna en la era digital es esencial para los responsables políticos occidentales. La ocupación actual no es solo territorial, sino también informativa y psicológica. El control de la conectividad, la educación, el idioma y el espacio digital se ha convertido en una herramienta fundamental para remodelar la identidad a lo largo del tiempo. Los territorios ocupados de Ucrania ofrecen un caso de estudio acerca del modo en que los sistemas autoritarios utilizan la información como arma para paralizar a la población y ocultar la realidad a los observadores externos.

Por eso el compromiso occidental a largo plazo es importante. Preservar la identidad ucraniana, especialmente entre los niños y adolescentes de los territorios ocupados es una cuestión humanitaria al tiempo que estratégica. Aproximadamente 1,5 millones de niños y adolescentes viven bajo la ocupación, expuestos a continuas campañas de rusificación. Ucrania ha tomado medidas en este sentido, como ayudas económicas puntuales para los menores que regresan de la ocupación o la deportación para facilitar su reintegración. Sin embargo, estas medidas deben ampliarse y complementarse con políticas de reintegración más amplias que incluyan itinerarios educativos y oportunidades de empleo para los jóvenes de los territorios ocupados.

Las instituciones occidentales tienen un papel que desempeñar en este sentido. Las universidades europeas y estadounidenses podrían establecer programas educativos y regímenes de admisión específicos para estudiantes procedentes de los territorios ocupados. Estas iniciativas ya existen en algunas partes de Europa y podrían ampliarse. Desde un punto de vista estratégico, invertir en educación ayuda a asegurar que estos jóvenes sigan conectados con Ucrania y Europa, en lugar de ser absorbidos permanentemente en el espacio controlado por Rusia.

Rusia está aplicando una estrategia de transformación de la identidad a largo plazo. Si los gobiernos occidentales quieren contrarrestarla, deben pensar igualmente a largo plazo facilitando el acceso a la información y la educación como herramientas para la resiliencia. En este contexto, el compromiso con las poblaciones ocupadas no es una parte tangencial de la política de seguridad, sino un elemento fundamental de esta.