Moscú denuncia el fraude electoral en otros países mientras manipula sus propios comicios
Moscú suele tildar los procesos electorales de los países democráticos de fraudulentos y controlados desde el extranjero. Sin embargo, las propias elecciones parlamentarias de Rusia no ofrecen ninguna verdadera alternativa política: el Kremlin controla el panorama político y ha eliminado incluso la posibilidad de votar en contra de la guerra en Ucrania. Al mismo tiempo que las consecuencias de la guerra van haciéndose cada vez más patentes en la vida cotidiana, el creciente descontento público queda excluido de las urnas.
Cuando los Estados postsoviéticos se alejan de Rusia, como sucedió con Armenia o Moldavia, los funcionarios del Kremlin y los medios afines suelen culpar a la injerencia occidental. Sin embargo, Moscú ha intentado influir en las elecciones mediante sus operaciones de manipulación de la información e injerencia por parte de agentes extranjeros (FIMI), a menudo acompañadas de apoyo económico a grupos prorrusos. Las autoridades moldavas aseguran que agentes rusos gastaron unos 200 millones de euros (casi el 1 % del producto interior bruto de Moldavia) en la compra de votos y la desinformación durante las elecciones presidenciales de 2024 y el referéndum sobre la Unión Europea que se celebraron en este país. Los investigadores descubrieron posteriormente que la organización rusa Eurasia, que ha sido objeto de sanciones, había utilizado tácticas similares antes de las elecciones de 2026 en Armenia. No obstante, Moscú calificó de injerencia electoral la ayuda de la UE destinada a contrarrestar tales amenazas.
El Kremlin también suele retratar a las democracias occidentales consolidadas como vulnerables a la manipulación electoral. En los carteles que se exhiben actualmente en el metro de Moscú se afirma que en Austria y Canadá se prohíbe el acceso de los periodistas a los colegios electorales y que 42 de los 50 estados de EE. UU. carecen de supervisión electoral. Estas afirmaciones son engañosas: las restricciones a los periodistas no excluyen a los observadores autorizados ni a los representantes de los partidos, mientras que casi todos los estados de EE. UU. permiten alguna forma de observación pública o de partido. Su propósito es insinuar que no existen elecciones justas, de manera que sea posible restar importancia a cualquier indicio de fraude en Rusia, ya que se trata de prácticas habituales en otros lugares.
¿Elecciones injustas? Rusia es un buen ejemplo
Los analistas independientes coinciden en que hace mucho que los resultados electorales están decididos de antemano en Rusia: el Kremlin controla cada paso, desde la selección de los candidatos hasta el llenado previo de las urnas y el recuento de los votos. Observadores internacionales, grupos nacionales de observación e investigadores han constatado documentalmente la manipulación generalizada de todas las elecciones a la Duma Estatal desde 2011. El Centro de Datos e Investigación sobre Rusia (CEDAR), un grupo de estudios independiente, encontró pruebas de manipulación generalizada de las papeletas en 12 elecciones federales celebradas entre 2000 y 2024. Golos, un grupo ruso independiente de seguimiento electoral, registró 1057 presuntas infracciones durante las elecciones presidenciales de 2024, incluidas denuncias procedentes de más de 60 regiones en las que los votantes fueron presionados o vigilados por sus empleadores (desde entonces, Golos ha sido calificada de «agente extranjero» y obligada a cesar sus actividades en Rusia; además, los observadores internacionales independientes, como la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa [OSCE], tampoco pueden observar las elecciones.) La comparación con las elecciones de la UE es contundente: la evaluación realizada por Freedom House en 2026 otorgó a Rusia una puntuación de 0 sobre 12 por su proceso electoral, frente a los 7 puntos de Hungría y los 12 de Finlandia.
Cada voto para Putin es un voto a favor de la guerra
Las elecciones parlamentarias rusas de 2026 son las primeras desde la invasión a gran escala de Ucrania, lo que plantea un nuevo reto al Kremlin. El régimen de Putin lleva mucho tiempo ofreciendo estabilidad a cambio de pasividad política, pero ese pacto se está resquebrajando. Las políticas de Putin han ahuyentado a los inversores extranjeros y las perspectivas para Rusia y los ciudadanos de a pie son sombrías. En los últimos meses, los ataques con drones ucranianos contra refinerías, puertos, depósitos de petróleo y almacenes de comercio electrónico han provocado escasez de combustible y trastornos económicos; el mismo Putin reconoció en septiembre que dichos ataques habían infligido «daños reales» a la economía rusa. Los rumores de que tras las elecciones podría producirse otra movilización masiva se han sumado a las inquietudes de la población, lo que apunta a que podría haberse pospuesto una decisión impopular para proteger al partido de Putin, Rusia Unida, en las urnas. Mientras tanto, los renovados esfuerzos por llegar a un acuerdo de paz chocan con la negativa de Putin a poner fin a la guerra a pesar de sus crecientes costes.
En el reciente congreso de Rusia Unida, Putin calificó la «operación militar especial» de «excepcional y particularmente importante» y afirmó que el deber del partido era «hacer todo lo posible por alzarse con la victoria». Su mensaje fue claro: cada voto para Rusia Unida es un voto para Putin y para la continuación de la guerra. Pero no está nada claro que esto sea lo que la mayoría de los rusos quiere en realidad. Las encuestas realizadas por el centro independiente Levada desde 2022 muestran un apoyo cada vez mayor a las negociaciones de paz, mientras que más de la mitad de los encuestados declara que la guerra ha afectado a sus vidas. Ante estas circunstancias, los llamamientos a la paz se convierten en una amenaza electoral, y las autoridades responden negando cualquier representación política a los votantes contrarios a la guerra.
Esto significa que el Kremlin está inhabilitando o presionando a todos los candidatos y partidos capaces de ofrecer un «voto por la paz». Las principales figuras de la oposición están muertas, encarceladas o en el exilio: Alekséi Navalni fue asesinado lentamente en prisión tras años de persecución, mientras que Mijaíl Jodorkovski se vio obligado a exiliarse. Solo queda una oposición simbólica, compuesta en gran parte por políticos que intentaron trabajar en el marco de las normas, cada vez más estrictas, del Kremlin. Pero incluso ellos se convirtieron en un blanco antes de las elecciones.
La paz no tiene cabida en las urnas
Yábloko era el único partido registrado en Rusia que se oponía abiertamente a la guerra. Condenó la invasión de 2022 calificándola como «un crimen sumamente grave» y declarando que traicionaba los intereses nacionales de Rusia y destruía su futuro, y posteriormente pidió un alto el fuego incondicional.
Durante años, Yábloko fue un partido pequeño que obtuvo poco más del 1 % de los votos en las elecciones de 2021. En marzo de 2026, Yábloko registró un 3 % en las encuestas. Sin embargo, las autoridades decidieron que permitir que hiciera campaña con el lema «¡Por la paz y la libertad!» suponía un riesgo demasiado grande. A principios de agosto, el Tribunal Supremo retiró de las papeletas la lista de candidatos federales de Yábloko tras una demanda presentada por el partido nacionalista Rodina. La decisión fue confirmada en apelación.
Según el medio independiente Meduza, el partido Ródina calificó los llamamientos de Yábloko a un alto el fuego de extremistas y de amenaza para la integridad territorial de Rusia. Sin embargo, el tribunal acabó inhabilitando al partido por infringir los derechos de autor al utilizar una famosa canción soviética sobre la paz, con lo cual también evitó pronunciarse abiertamente sobre la postura antibélica de Yábloko.
Poco después, el vicepresidente de Yábloko, Lev Shlosberg, fue condenado a 11 años de prisión por «desacreditar repetidamente a las Fuerzas Armadas rusas» tras participar en un debate en línea sobre la guerra y compartir una caricatura de Putin, utilizando para ello una ley que en aquel momento ni siquiera existía todavía. Otro vicepresidente del partido, Maxim Kruglov, fue condenado a siete años por difundir «información falsa» sobre el ejército. Ambos delitos se introdujeron tras la invasión y se han utilizado con frecuencia para fiscalizar el debate público sobre los crímenes de guerra rusos.
Boris Nadezhdin, un político ruso pacifista, se opuso a la invasión e hizo del fin de la guerra el eje central de su intento de campaña presidencial de 2024, aunque su programa parlamentario de 2026 proponía negociar el estatus de los territorios ocupados en lugar de devolverlos incondicionalmente a Ucrania. A pesar de esta postura cautelosa, el Ministerio de Justicia lo calificó de «agente extranjero», una fórmula utilizada con prodigalidad contra los opositores políticos que, además, le impidió presentarse a las elecciones. Las autoridades lo inhabilitaron por separado en virtud de las leyes contra los símbolos extremistas debido a una publicación de 2023 relacionada con una retransmisión en directo en la que apareció la fotografía de Alekséi Navalny durante unos 10 segundos; ante la amenaza de que la persecución se intensificara, Nadezhdin abandonó Rusia poco después.
Otros ases en la manga del Kremlin
Las autoridades también están recurriendo a otros métodos para influir en el resultado, como la redefinición de los límites de las circunscripciones, la celebración de la votación a lo largo de tres días y la ampliación del voto electrónico a distancia a aproximadamente la mitad de las regiones de Rusia, medidas que, según los analistas, dificultan la supervisión del proceso.
El Kremlin también está reduciendo deliberadamente la participación electoral, según afirma el analista político Alexander Kynev. Los partidos progubernamentales llevan a cabo campañas deliberadamente discretas. El concejal municipal Samson Sholademi, que gestiona un canal de Telegram dedicado a las elecciones, señaló que, cuatro semanas antes de que finalizara la campaña, muchos candidatos de las circunscripciones uninominales de Moscú prácticamente no tenían dinero en sus cuentas de campaña. Este tipo de campañas animan a los ciudadanos desmotivados o insatisfechos a quedarse en casa, mientras que a los votantes que son de fiar se les moviliza a través de los lugares de trabajo y las instituciones estatales. Es probable que a muchos votantes de instituciones estatales o públicas también se les coaccione para que voten y documenten «el voto correcto» y cumplan una determinada cuota. No es raro que se pida a los trabajadores que presenten pruebas fotográficas a sus superiores para evitar consecuencias negativas.
La manipulación electoral en Rusia llega en este momento más lejos que nunca, eliminando cualquier alternativa real antes incluso de que comience la votación al negar la más mínima oportunidad a la paz. En años anteriores, se permitía que partidos opositores simbólicos sirvieran de válvula de escape para la frustración pública. Ahora, en aras de la guerra, se está cerrando incluso este estrecho margen para la disidencia.
